El Departamento de Trabajo de EE.UU. encontro que Dollar General bloqueó las salidas de emergencia, permitió otros riesgos de seguridad en 4 tiendas del sur de Pensilvania
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha descubierto que Dollar General ha infringido las normas de seguridad en cuatro tiendas ubicadas en el sur de Pensilvania. Como resultado, la compañía enfrenta multas adicionales por un total de $227,000, sumando más de $21 millones en multas acumuladas desde 2017.
Los inspectores federales de seguridad en el lugar de trabajo llevaron a cabo inspecciones en respuesta a una queja, encontrando condiciones peligrosas en estas tiendas operadas por Dollar General Corp. y Dolgencorp LLC. Estas condiciones peligrosas son similares a las que se han identificado en más de 240 inspecciones realizadas en las ubicaciones de la compañía en todo el país desde 2017.
Las violaciones encontradas incluyen rutas de salida bloqueadas, paneles eléctricos expuestos y prácticas deficientes de limpieza. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) emitió citaciones que incluyen dos violaciones repetidas, dos graves y una violación no grave. Las multas propuestas ascienden a $227,898. Las tiendas inspeccionadas se encuentran en Fairfield, New Oxford, Spring Run y Dauphin.
Kevin Chambers, Director de Área de OSHA en Harrisburg, Pensilvania, destacó la importancia de corregir estas condiciones peligrosas, ya que representan un riesgo para los empleados y otras personas en caso de una emergencia. En octubre de 2022, OSHA incluyó a Dollar General Corp. y Dolgencorp LLC en su Programa de Cumplimiento de Violadores Graves.
Dollar General Corp. y Dolgencorp LLC, con sede en Goodlettsville, Tennessee, operan una red de aproximadamente 18,000 tiendas y 17 centros de distribución en 47 estados, empleando a más de 150,000 trabajadores.
Dollar General tiene un plazo de 15 días hábiles para cumplir con las citaciones y sanciones, solicitar una conferencia informal con el director de área de OSHA o impugnar los hallazgos ante la Comisión de Revisión de Seguridad y Salud Ocupacional, que es una entidad independiente.